Asimilación y Autonomía: relación cultural y violencia entre dos naciones.
sábado, 10 de octubre de 2009
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Roberto Alfaro.
Los conceptos asimilación y autonomía, no pueden entenderse sino en un contexto histórico que se define en la relación pueblos indígenas – Estado nacional; relación que adquiere matices locales propias dependiendo de las distintas directrices que ha tomado esta problemática –entendiendo esta relación como tal- en los estados latinoamericanos. Es decir, que es riesgoso tomar el proceso histórico de un país en particular y generalizarlo para los demás, pues el movimiento indígena en Latinoamérica no ha sido homogéneo. Sin embargo, debe reconocerse cierto paralelismo, ya que indudablemente las variaciones que toma el movimiento indígena en un país, tiene repercusiones en otros.
Por asimilación entendemos la adaptación y la consiguiente aculturación de lo indígena bajo los parámetros de una sociedad occidentalista, moderna, que se manifiesta históricamente en la construcción de un Estado nacional unitario y desarrollista. Esta asimilación puede ser forzada militarmente, mediatizada culturalmente o impuesta políticamente por el Estado; o bien puede ser la resultante de un proceso de coexistencia de culturas donde la más fuerte se impone a la más débil. Con la asimilación, el indígena pierde su identidad bajo el perfil de ciudadano del Estado nacional hegemónico; es decir, se diluye su diferencia.
La autonomía denota, antes que todo, la afirmación de la diferencia; luego, la emergencia de posicionar a los pueblos indígenas frente al Estado como un sujeto social independiente, como una fuerza social autónoma, ya no como ciudadanos que ejercen la lucha social desde la perspectiva de las asociaciones políticas tradicionales de la sociedad civil (partidos políticos), sino que bajo directrices propias que buscan el reconocimiento, por parte del Estado, de su diferencia y la necesidad de autogestión económica. Esto implica el reconocimiento constitucional de dicha diferencia. La aceptación de la coexistencia de dos naciones sobre un mismo espacio territorial.
Históricamente, asimilación y autonomía, denotan procesos diferenciados de la integración del indígena en la actividad política, económica y cultural del Estado-nación. Luego de la independencia de las naciones latinoamericanas, los Estados nacionales proyectaron un régimen de construcción nacional que excluía al indígena: es el proyecto de las oligarquías, con un fuerte acento anti-indígena, que se esmera en el blanqueamiento de la sociedad. El Estado oligarca rompe las fronteras indígenas y busca el exterminio de la población aborigen, en su afán de homogeneizar a la nación. Paradigmático resulta el caso de la “Pacificación de la Araucanía”, donde se observa claramente que el proceso de exclusión no tiene nada de pacífico. La clase dominante puso los ojos en los territorios de las comunidades, desplegando toda su fuerza militar, culminando con el despojo violento de las tierras del pueblo mapuche y su confinamiento en reducciones que han perpetuado su pobreza y marginación hasta la actualidad. Este periodo de discriminación total de lo indígena de la vida social del Estado se extiende aproximadamente desde 1850 a 1910. Es en 1910 donde la revolución mexicana da pié para un nuevo periodo en la relación indígena-Estado nacional.
Durante el periodo 1910-1930, bajo el impulso de la revolución mexicana, que indefectiblemente repercute en el resto de nuestro continente, se replantea el problema del indio y surgen intelectuales de la talla de Manuel Gamio en México, José Carlos Mariátegui en Perú, entre otros; que posicionan el indigenismo como un problema nacional. En Chile, se establecen las primeras organizaciones mapuches (mutualistas y culturales). En este contexto, y con el desplazamiento de la oligarquía del poder, el Estado recibe la problemática indígena con un sentido paternalista: es el Estado benefactor.
En el imaginario político de la elite dirigente, posterior a 1930, el problema del indio se presenta como una lucha reivindicatoria coyuntural y, por tanto, efímera. Se cree que, producto de la integración del indio a la vida ciudadana, esta lucha irá desapareciendo con la asimilación del indígena a la vida moderna. Los dispositivos que utiliza el Estado keynesiano para la asimilación del indio son principalmente la educación, las políticas de salud y la participación en las formas de la vida moderna (electricidad, alcantarillado, sistema de comunicación, etc.).
El pueblo Mapuche nos da la pauta para comprender que el problema del indio va más allá de la asimilación cultural. Los niveles de pobreza que albergan son el resultado de estas políticas. Hoy, el Estado benefactor ha desaparecido y con él las políticas sociales que pudieron ocultar esta pobreza. En el estado en que están las cosas, se entiende que el problema del indio –en este caso del mapuche- es político y económico…un problema de territorio y autogestión.
Este periodo, que transcurre de 1930 a 1970, ha sido llamado, no sin serios cuestionamientos (en Chile existieron recuperaciones de tierras, participación mapuche en partidos políticos, el levantamiento de Ranquil de 1934 y las “corridas de cercos” de los años de la Reforma Agraria, lo que nos demuestra una continuidad histórica en las demandas de tierra, justicia y autonomía de este pueblo), como “silencio del indio”, dado que los portavoces de las comunidades indígenas fueron intelectuales externos, es decir, no-indios, y se caracteriza principalmente por el efecto que el paternalismo estatal ejerce en la vida comunitaria. Los principios liberales del Estado benefactor –igualdad, ciudadanía, individuo- eclipsan y postergan la identidad comunitaria. Para el caso mapuche, las políticas subsidiarias gubernamentales comienzan a diluirse a partir de 1973.
Posteriormente, con la revolución nicaragüense de 1979, los gritos de autonomía emergen con fuerza en Latinoamérica y llegan a Chile en momentos donde una intelectualidad en crecimiento los transformará en una fuerza que podrá ser capaz de catapultar al pueblo mapuche al status de sujeto social, interlocutor válido en la relación con el Estado; pues es el camino de la autonomía el que han tomado los comuneros mapuches y su vanguardia intelectual.
El informe de la comisión Verdad histórica y nuevo trato (2001 -2003), auguraba un nuevo estado de la relación, en la cual el tema en discusión que pareció imponerse fue el de la autonomía. Las controversias relacionadas con el ideario del Estado unitario no tardaron en aparecer, pues como plantea Sergio Villalobos, la idea de la autonomía indígena atentaría contra la unidad territorial y legal del país. Bajo esta doctrina, la lucha del pueblo mapuche ha sido enfrentada por el Estado chileno como una coyuntura policial y judicial, criminalizando sus luchas y negándoles el reconocimiento de su autonomía. Para ello, el Estado ha militarizado la región de la Araucanía, ha aplicado la Ley Antiterrorista, encarcelado a los comuneros y mantiene a las comunidades en un ambiente de allanamientos, represión y violencia cotidiana. Esta situación ha contado con el aval de las autoridades locales y regionales, los partidos políticos y los medios de comunicación, los que han guardando un silencio cómplice o han tergiversado burdamente lo que está ocurriendo.
El nuevo escenario recién establece sus bases de acción. Aún queda mucho por recorrer. Deben ser cortadas las relaciones paternalistas del Estado hacia el indígena y erigirse la discusión concreta entre sujetos sociales, entre naciones. Es el punto de partida que exige la nación mapuche para entablar el diálogo con el Estado chileno. El mapuche va perdiendo su pasividad frente a la sociedad y el Estado, en la medida que construye su identidad y por tanto, su diferencia.
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